En las sociedades latinoamericanas es evidente cómo las desigualdades económicas se traducen también en desigualdades culturales; la concentración de la riqueza se traduce en una concentración de la palabra. La estructura de desigualdades materiales incorpora una nueva dimensión: la distribución inequitativa de los recursos que poseen los grupos desaventajados en las llamadas “sociedad de información”. Esta nueva desigualdad incluye disparidades en el acceso a la información y la comunicación pública a través de los cuales la ciudadanía puede autogobernarse. Ahora bien, cuando la comunicación se organiza a través del mercado, en función de la capacidad económica de los actores involucrados, entonces los sectores con menos recursos tendrán menos oportunidades para expresarse libremente, para señalar sus problemas, para manifestar sus demandas, para controlar los actos de sus representantes, pero también para definirse como actor. En este contexto de déficit informacional o bloqueo mediático, los grupos sociales desaventajados, a través del activismo social (Protesta social o apertura de foros públicos), desarrollaron diferentes estrategias tendientes a construir su propia información y sus propios canales de comunicación. Estrategias tendientes a mantener abierto espacios públicos donde las distintas voces puedan ser escuchadas. Pero también el Estado, a través del activismo estatal, es decir, apelando al poder de policía (reglamentario) o al poder distributivo (subsidios) puede preservar la integridad del debate público, creando las condiciones para la construcción de un debate plural, deshinibido y vigoroso, garantizando a aquellos sectores desaventajados puedan participar del debate colectivo y manifestar su desacuerdo.

Rodríguez, E. (2008). Libertad de expresión y activismo estatal. El Estado y los grupos desaventajados: la distribución equitativa de la palabra. Cuadernos de H Ideas, 2 (2), pp. 1-11