El presente artículo asume que la pluralidad de razonables doctrinas religiosas, filosóficas y morales propias de las sociedades democráticas es un rasgo permanente de la cultura pública y no una mera condición histórica que pasará pronto. Supuesto esto, se pregunta: ¿cuándo pueden los ciudadanos, por su voto, ejercer propiamente su poder político coercitivo unos respecto de otros cuando las cuestiones fundamentales están en juego? A esta cuestión responde el liberalismo político así: nuestro ejercicio del poder político es propia y consiguientemente justificable sólo si se realiza de acuerdo con una constitución, la aceptación de cuyas esencias pueda razonablemente presumirse de todos los ciudadanos a la luz de principios e ideales admisibles por ellos como razonables y racionales. Este es el principio liberal de legitimidad.
Rawls, J. (1994). La idea de una razón pública. Isegoría, (9), pp. 64-128