Las políticas implementadas en el país para superar las consecuencias de la crisis de 1930 se manifestaron, en el caso de las actividades agrarias y agroindustriales, en medidas de regulación de la producción y el comercio. La entidad creada para ocuparse de la vitivinicultura fue la Junta Reguladora de Vinos que comenzó a operar a partir de 1935. Al mismo tiempo que se ponían en ejecución las disposiciones emanadas de ese organismo nacional, las autoridades provinciales de la región productora arbitraban diversas prácticas destinadas a paliar las aristas más agudas de la crisis y a reposicionar a la agroindustria en el ámbito local y el mercado nacional. En la provincia de Mendoza las autoridades provinciales instrumentaron, a partir de 1936, algunas normativas destinadas a modernizar el aparato estatal en un intento de lograr mayor eficiencia en la aplicación de las políticas de regulación y de adecuar la maquinaria gubernamental a las exigencias de la nueva etapa. La creación de un organismo dedicado específicamente a la elaboración de estadísticas y a la investigación económica, en el marco del ministerio de economía provincial fue la medida más importante en este aspecto, mientras otras disposiciones contemporáneas intentaban encontrar en el fomento del turismo una alternativa complementaria de la tradicional actividad vitivinícola.

Ospital, M. (2009). Modernización estatal y regulación económica en provincias vitivinicultoras. Mendoza, 1936-1946. Mundo Agrario, 9 (18), pp. 1-14.