Con la resolución presidencial de diciembre de 2000, el gobierno chileno inicia un proyecto afanoso de mejorar los mecanismos de participación ciudadana, tanto en el interior de la gestión pública como en la asociatividad con el sector civil, buscando, en un principio, que las políticas y programas públicos incidan en una mejor gobernabilidad y consolidación del sistema democrático, estimulando una ciudadanía proactiva que comparte un proyecto de país con el Estado. El artículo da cuenta de las dificultades conceptuales y metodológicas de llevar adelante el proyecto, sea por falta de un estilo participativo en el interior de muchos ministerios, o por el desinterés o la fragmentación temática y estructural de la sociedad civil. El autor plantea que el espesor cultural que aglomera a los nuevos grupos y redes asociativas en Chile se asemeja a las tendencias internacionales de demandas por nuevos derechos económicos sociales y culturales (DESC), que en lo sustantivo en el Chile de hoy, se expresan más por medio de actividades (temporarias y puntuales) de carácter sociocultural que político-legislativo, construyendo nuevas identidades territoriales y capitales sociales comunitarios a lo largo del país. En esta lógica, la oferta pública y estratégica de participación e inclusión social debe orientarse al diseño de políticas y programas que no se decidan y modelen en función del contenido de la oferta, sino de las demandas específicas y potenciales de colaboración de los grupos emergentes y vulnerables. 

Gentes, I. (2006). Modernización del Estado y gestión pública participativa en Chile: alcances, obstáculos y perspectivas. América Latina Hoy, 42, pp. 61-91.