En el caso que nos interesa, el Río de la Plata, muy tempranamente se vislumbró la intención de sus comerciantes de desligarse de la tutela limeña. Hacia 1728 los mercaderes de Cádiz autorizaron a los comerciantes de Buenos Aires a enviar apoderados a fin de mantener un contacto comercial fluido con la región. Como contrapartida, promediando el siglo, Lima estableció en Buenos Aires una Diputación de su propio Consulado en un intento de quebrar el eje Buenos Aires-Cádiz. Luego del dictado de la real cédula de libre comercio de 1778, continuos fueron los esfuerzos para obtener la declaración para Buenos Aires y Montevideo de \"puertos habilitados\" y la fundación de un Consulado. En 1790 el virrey Arredondo, secundado por la Real Audiencia, realizó gestiones para su instalación. Finalmente, por real cédula del 30 de enero de 1794 se erigió el Real Consulado de Buenos Aires, hecho que equiparó a esa ciudad puerto con Caracas, Guatemala y La Habana, y más tarde con Cartagena, Veracruz y Santiago de Chile. Esta repentina fundación de consulados americanos denotó por parte de la corona un intento por aunar esfuerzos con los comerciantes locales para fomentar el desarrollo económico de las colonias, competir en el mercado internacional y, por qué no, fortalecer alianzas políticas entre criollos y peninsulares.

Crespi, L. & Salles, E. (2002). Bases y fuentes documentales para el estudio del tribunal del consulado en el Río de la Plata. América Latina en la Historia Económica, 9 (17/18), pp. 53-62.