Las relaciones entre los pobres y el gobierno que genera la implementación del programa Bolsa Familia pueden resumirse en dos dimensiones: 1) se privilegian «relaciones directas» sin intermediación de acción colectiva y 2) también «relaciones lejanas» en términos del tipo de interacción y comunicación entre las autoridades y los beneficiarios. Si bien existen instancias formales de control social, la operación del programa hace que la intermediación sea mínima, altamente institucional y que las organizaciones civiles tengan poco espacio para actuar representando a los beneficiarios. Estas relaciones generan bajos niveles de compra y coacción del voto, pero crean también efectos no intencionales como son el desconocimiento de la operación del programa, dificultad para defenderse de manera colectiva de abusos de poder, así como obstáculos para generar ciudadanía activa.

Hevia, F.J. (2011). Relaciones sociedad-estado, participación ciudadana y clientelismo político en programas contra la pobreza. El caso de «bolsa familia» en Brasil. América Latina Hoy, 57, pp.205-238.