La inseguridad ciudadana es un problema de creciente importancia en América Latina. De un lado, objetivamente, los índices delictivos se han empinado; de ello no sólo da fe el mayor número de denuncias sino, sobre todo, las encuestas de victimización, que indagan por el número de delitos del que un grupo familiar ha sido víctima en los últimos 12 meses. De otro lado, la percepción de inseguridad ha crecido aún más, según indican los sondeos de opinión. A esto probablemente contribuyen, además del fenómeno real en sí, la forma en la que los medios de comunicación se ocupan de él, “explotándolo” al máximo, y los términos de la lucha política, que en muchos países se ceba en el tema, utilizándolo como un tópico que toca fibras sensibles del ciudadano y, al convocar la alarma social, puede ser rendidor para gobierno u oposición, según sea el caso. En este terreno, el delito es, a estas alturas, “un tema que puede jugar un rol definitorio en resultados electorales, que construye agenda pública y que se constituye en factor gravitante para la evaluación de la gestión gubernamental”.

* Párrafo del texto extraído como resumen.

Pásara, L. (2013). ¿Qué impacto tiene la reforma procesal penal en la seguridad ciudadana?. En Basombrío, C. (Ed.), ¿A dónde vamos? Análisis de políticas públicas de seguridad en América Latina (pp. 157-179). Chicago: Woodrow Wilson International Center for Scholars.