A partir de la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA) se abren posibilidades y alternativas para incubar un nuevo paradigma del derecho a comunicar. Con la inclusión de cuotas de pantalla, el fomento de contenidos locales y la producción independiente, la LSCA se posiciona como un progreso concreto hacia el ejercicio universal del a comunicar. Vencer la inercia resultado de años de programación enlatada y repetición en cadena de producciones ajenas no es tarea sencilla. Las leyes por sí solas no alcanzan para avanzar en ese sentido. De esta manera, las políticas públicas acuden para ayudar a la creación y difusión de contenidos, y el desarrollo regional de industrias culturales.
Castelli, S. (2012). Políticas públicas para garantizar el derecho a comunicar. Tram[p]as de la Comunicación y la Cultura, (72), pp. 63-68